Por unanimidad de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa relativo al pago de derechos para la expedición de licencias o permisos para la instalación de antenas de telecomunicaciones.
Se trata de la controversia constitucional 104/2026, en la que se cuestionó un cobro de derechos que el municipio de San Marcos, Estado de Guerrero, estableció para autorizar la instalación y operación de antenas de telefonía y telecomunicaciones.
El asunto consistió en determinar si los municipios pueden imponer este tipo de cobros y si con ello se invaden facultades de la Federación.
La propuesta explica que, si bien los municipios conservan atribuciones en materias como desarrollo urbano y licencias de construcción, no pueden establecer autorizaciones o cobros especiales dirigidos exclusivamente a la infraestructura de telecomunicaciones.
La Constitución reserva esa regulación a la Federación para garantizar reglas claras y que cada autoridad ejerza las facultades que constitucionalmente le corresponden.
“Permitir que cada municipio establezca autorizaciones o cobros particulares, por antenas, mástiles u otra infraestructura de telecomunicaciones, generaría una fragmentación regulatoria incompatible con el diseño constitucional del sector, el cual exige uniformidad nacional para garantizar la cobertura, continuidad, interoperabilidad y acceso efectivo a los servicios de telecomunicaciones”, explicó Esquivel Mossa.
