Ante el reiterado incumplimiento del Congreso del Estado de San Luis Potosí a las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar una nueva reforma electoral sin consultar a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad, Somos México promovió una acción de inconstitucionalidad para solicitar la invalidez total del Decreto 0571, al considerar que vulnera los derechos político-electorales de estos sectores de la población.
La acción representa el acompañamiento a una causa impulsada por colectividades, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que, desde hace años, han exigido el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Entre ellas se encuentra la activista Catalina Torres Cuevas, una de las impulsoras de esta exigencia en San Luis Potosí.
Por conducto del presidente del Comité Estatal de Somos México en San Luis Potosí, Xavier Nava, y en atención a la solicitud de quienes han impulsado esta causa, la dirigencia nacional del partido puso a disposición la facultad constitucional con la que cuentan los partidos políticos para promover acciones de inconstitucionalidad, con el propósito de que la Suprema Corte revise la constitucionalidad de la reforma.
La reforma modifica las reglas para la postulación de candidaturas y la integración de los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí. Al tratarse de cambios que inciden directamente en los derechos de representación política de estos sectores, la Constitución obliga a realizar una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada antes de su aprobación, lo que no ocurrió.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en San Luis Potosí habitan más de 570 mil personas pertenecientes a pueblos indígenas, además de comunidades afromexicanas y miles de personas con discapacidad. Sus derechos de participación política cuentan con protección constitucional, por lo que cualquier reforma que pueda afectarles de manera directa debe ser consultada previamente.
La acción de inconstitucionalidad recuerda que el Congreso potosino es reincidente. En 2020, la Suprema Corte invalidó por completo la legislación electoral por haber sido aprobada sin consulta. En 2022 volvió a declarar inválidas diversas disposiciones al considerar insuficiente el procedimiento consultivo y ordenó realizar nuevas consultas conforme a los estándares constitucionales.
Pese a ello, el plazo fijado por la Suprema Corte venció en octubre de 2025 sin que esa obligación fuera cumplida. Lejos de acatar la sentencia, en 2026 el Congreso volvió a reformar la legislación electoral sin consultar a las comunidades involucradas, motivo por el cual ahora se solicita nuevamente la intervención del máximo tribunal del país.
Para Somos México, este asunto trasciende la legalidad de un decreto. Lo que está en juego es el respeto al Estado de derecho, el cumplimiento de las sentencias de la Suprema Corte y el derecho de los pueblos indígenas, las comunidades afromexicanas y las personas con discapacidad a participar en las decisiones que impactan su representación política.
Por ello, la acción de inconstitucionalidad solicita a la Suprema Corte declarar la invalidez total del Decreto 0571, restablecer provisionalmente la legislación anterior para brindar certeza al proceso electoral 2026-2027 y ordenar al Congreso del Estado cumplir, mediante un calendario verificable, con las consultas que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen.
