SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 14 de julio de 2026.- La verdad que la familia de Nayeli sostuvo desde el primer día finalmente quedó plasmada en una sentencia: tras más de cuatro años de investigación y juicio, un Tribunal de Enjuiciamiento condenó a 90 años de prisión a Alberto Uriel Olivo Martínez, al acreditar que privó de la vida y desapareció a quien era su esposa, la fisicoculturista potosina Nayeli, luego ocultó su cuerpo e intentó desviar las investigaciones para hacer creer que ella había decidido irse por voluntad propia.
La pena, una de las más altas impuestas en San Luis Potosí por este tipo de delitos, fue dictada por desaparición cometida por particulares agravada, en concurso real con delitos vinculados con la desaparición de personas. Además, el sentenciado deberá pagar una sanción económica equivalente a 13 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) y perdió sus derechos políticos y civiles.
La resolución judicial también desmontó la versión que Alberto Uriel sostuvo desde las primeras horas posteriores a la desaparición: Nayeli nunca abandonó voluntariamente su hogar, nunca dejó a su hijo y jamás llegó al gimnasio al que supuestamente se dirigía.
La última noche
La tarde del 23 de marzo de 2022, Nayeli regresó al domicilio que compartía con su esposo, en Soledad de Graciano Sánchez.
Durante el juicio, vecinas declararon haberla visto entrar a la privada con una caja de pizza. Cámaras de videovigilancia también registraron sus últimos movimientos.
Esa noche mantuvo comunicación con su madre. A las 20:51 horas respondió un mensaje de buenas noches. Un minuto después recibió otra pregunta sobre cómo estaba ella y cómo se encontraba su hijo. Nunca volvió a responder.
La mentira
Al día siguiente comenzó la angustia. Alberto Uriel llamó a la madre de Nayeli para decirle que la había dejado cerca de la avenida Genovevo Rivas Guillén y la carretera a Rioverde, porque supuestamente asistiría a un gimnasio.
La explicación despertó dudas desde el principio. Nayeli no llevaba teléfono celular porque, según él, estaba descargado. Tampoco llevaba mochila, agua ni ropa para entrenar. Los testimonios presentados durante el juicio demostraron además que ya no acudía regularmente a un gimnasio y que no era una mujer que abandonara a su hijo sin avisar.
Durante todo el proceso no apareció un solo testigo, registro, videograbación, llamada o evidencia que confirmara aquella versión.
La ruta que revelaron las cámaras
Mientras su familia recorría hospitales, corporaciones de seguridad y fiscalías buscándola con vida, las investigaciones comenzaron a seguir otro camino.
Las cámaras de videovigilancia documentaron los desplazamientos de una camioneta blanca relacionada con Alberto Uriel.
Las imágenes permitieron reconstruir una ruta hacia la comunidad de Santa Rita, en la entonces delegación de Villa de Pozos, información que fue determinante para establecer los polígonos de búsqueda.
Un terrible hallazgo
El 1 de abril de 2022 terminó la esperanza. En un predio rústico de Santa Rita fueron localizados restos humanos.
Peritos en criminalística, medicina forense, genética, antropología y odontología trabajaron durante días para recuperar e identificar los restos.
Los estudios científicos confirmaron lo que la familia temía: pertenecían a Nayeli.
Los dictámenes también documentaron lesiones en la región craneal y establecieron que el cuerpo permaneció expuesto durante varios días a la intemperie y a la acción de fauna cadavérica, situación que deterioró evidencia importante para reconstruir completamente la mecánica de la muerte.
Para el Tribunal, el ocultamiento del cuerpo y la información falsa proporcionada por el hoy sentenciado retrasaron la búsqueda y afectaron el esclarecimiento integral de los hechos.
La reconstrucción del crimen
A diferencia de otros delitos, las desapariciones suelen ejecutarse sin testigos directos.
Por ello, la Fiscalía construyó el caso a partir de una cadena de indicios que terminó por reconstruir lo ocurrido.
Durante el juicio declararon cerca de 60 testigos. También fueron presentadas videograbaciones, estudios genéticos, dictámenes periciales, análisis antropológicos, pruebas documentales y evidencia científica.
Cada elemento permitió completar una parte de la historia: las vecinas ubicaron a Nayeli por última vez; las cámaras siguieron la ruta del vehículo; los especialistas localizaron e identificaron los restos; la genética confirmó su identidad y las contradicciones del acusado terminaron por fortalecer la teoría del caso presentada por el Ministerio Público.
Con ese conjunto de pruebas, la Fiscalía General del Estado obtuvo primero la vinculación a proceso y, finalmente, un fallo condenatorio.
La justicia llega, pero no le devuelve la vida
Para Lorena Silva, madre de Nayeli, la sentencia representa el reconocimiento judicial de una lucha que comenzó desde el día en que denunció la desaparición de su hija.
Durante años encabezó su búsqueda, acompañó cada diligencia y permaneció presente en todas las etapas del proceso penal.
La condena no devuelve la vida de Nayeli ni repara el daño causado a su hijo, a sus padres y a su familia.
Pero sí establece una verdad jurídica: Nayeli no desapareció por decisión propia.
Fue víctima de un crimen cometido por la persona con quien compartía su vida.
Ahora, la familia ha pedido que las instituciones defiendan la sentencia ante cualquier recurso legal, para evitar que una de las condenas más altas dictadas en San Luis Potosí por este tipo de delitos sea modificada en instancias posteriores.
